En medio de la crisis de seguridad por la colocación de ‘ponchallantas’ por grupos criminales, la regidora de Culiacán, Érika Sánchez Martínez, propuso formalmente en sesión de Cabildo que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad civil y ofrezca indemnizaciones a los ciudadanos afectados. La funcionaria priista argumentó que esta práctica se ha vuelto recurrente, atentando contra la seguridad vial, la integridad y el patrimonio de las familias, pues genera daños materiales directos en sus vehículos.
Sánchez Martínez planteó que, a través de la Defensoría Jurídica y las Sindicaturas de Procuración, se habilite un mecanismo para recibir, tramitar y resolver las solicitudes de indemnización. La regidora recordó que esta modalidad de violencia ha afectado incluso al propio secretario de Seguridad Pública municipal, lo que refleja el riesgo directo para la población. Su postura fue tajante y directa a la administración: “Si no hay seguridad, que el gobierno se haga responsable”, sentenció.
No obstante, la propuesta enfrenta un obstáculo legal. La Dirección de Defensa Jurídica del Ayuntamiento ha sostenido que no existe obligación de pagar por estos daños. La dependencia argumenta que los incidentes con ‘ponchallantas’ son producto de acciones deliberadas de particulares (grupos delictivos) y no de una falla o servicio mal prestado del municipio. Por ley, solo procede la responsabilidad patrimonial en casos de “actividad administrativa irregular” atribuible directamente a la autoridad.
