La tercera evaluación estatal de alcaldes en Puebla, levantada del 1 al 3 de agosto de 2025 con mil entrevistas locales, expone una crisis de representación municipal que atraviesa partidos y regiones. De Movimiento Ciudadano a Morena, del PT al PAN, los 10 alcaldes con peor aprobación comparten un común denominador: su distanciamiento con las demandas básicas de la ciudadanía. En los primeros tres lugares, los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra —ya con procesos judiciales abiertos— representan el colapso de una red política basada en el cacicazgo familiar en el Valle de Serdán.
Pero la lista va más allá. En Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero (PT) ha enfrentado protestas por opacidad y abandono de infraestructura básica; en Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández (PRD) acumula reclamos por inseguridad y falta de obra pública. Incluso alcaldes que llegaron con promesas de renovación política como Joel Hernández en Zongozotla (Fuerza por México) o Guadalupe Ortiz en Xoxtla (Morena), enfrentan un fuerte rechazo por el deterioro de servicios y una gestión sin transparencia.
Iván Camacho, del PRI en Cuyuaco, no ha logrado revertir los índices de violencia en la zona, mientras que Marco Ávila, en Venustiano Carranza (PAN), aparece entre los más criticados por su falta de presencia territorial. Tonantzin Fernández, alcaldesa de Morena en San Pedro Cholula, cierra el listado entre señalamientos por opacidad, conflictos con comerciantes y decisiones unilaterales que han minado la confianza ciudadana.
Este ranking revela un mensaje contundente: el desgaste de los gobiernos municipales no distingue color partidista, pero sí se alimenta de la desconexión, la impunidad y la falta de resultados. En un contexto donde la ciudadanía exige gobiernos cercanos, efectivos y transparentes, los alcaldes reprobados no sólo cargan con cifras negativas, sino con la responsabilidad de haber desperdiciado la oportunidad de construir una mejor relación con sus pueblos.
